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Por GABRIEL FERNÁNDEZ *
Si algo restaba para dejar claro el sentido de la disputa acerca de los sindicatos y el fuero laboral, la determinación de los dos jueces que definieron la reinstalación de los trabajadores de Pepsico en sus puestos opera como referencia y permite evaluar la dureza de la confrontación.
La valentía de los magistrados que resolvieron aplicar la ley, pues las personas tienen derecho a trabajar y las empresas con finanzas prósperas carecen de motivos para expulsar asalariados, desnuda la intención que llevó al presidente Mauricio Macri a calificarlos como mafiosos.
El objetivo de fondo del gobierno -estratégico sin dudar, no sólo un paso en un sendero- es bajar el ingreso popular en todo el territorio nacional hasta asimilarlo al conocido en las zonas más castigadas y menos industrializadas del continente.
Para ello necesita desmembrar la organización esencial del movimiento obrero, promover los acuerdos particulares y desequilibrados entre las corporaciones y cada empleado, y arrebatar la defensa final ante la injusticia: una demanda justa ante los tribunales.
Bueno es decirlo, y este periodista, tras dar la primicia sobre el caso Pepsico necesita hacerlo: el doctor Hernán Jaureguiber, destacado laboralista, viene insistiendo en el tema desde mucho antes que el mandatario oligárquico lo pusiera en debate.
El experto, en charlas personales destinadas a informar adecuadamente a La Señal Medios sobre el proceso político judicial en su conjunto, ha indicado con precisión que en el conjunto de la crisis del Poder Judicial cuestionado por su filiación, no debe involucrarse al fuero laboral, donde los trabajadores tienen un espacio para que se cumplan las leyes.
La aclaración, luego refrendada ante este periodista por el juez Arias Gibert, da cuenta de una paradoja: el gobierno aprovecha el desprestigio de la institución originada en su propio accionar irregular –digamos, Bonadío- y luego exclama ante legos “esto no puede ser ¡son mafias!” sin aclarar que una cosa es una cosa, y otra cosa –se ve- es otra cosa.
La campaña involucra, claramente, al premio mayor para el liberalismo conservador: cargarse al gran sindicalismo argentino. Allí se reitera una acción semejante, pues los gremialistas desprestigiados son, precisamente, los cercanos al oficialismo y a las empresas. Pero se usufructúa la situación para insertar a todos en la misma bolsa y enfatizar: “¡mafias!”
Lo cual no debe llamar la atención, y si favorecer la precaución en el seno mismo del movimiento nacional y popular. Si se rastrea en la historia, podrá comprobarse que los más sospechados y acusados de deshonestidad son aquellos hombres y espacios ligados a las franjas más humildes de la población.
En su último libro “Triunfo buitre” Norberto Galasso narra el modo a través del cual los núcleos económicos más poderosos saquearon brutalmente al país. Desde 1824, mediante el acuerdo con los hermanos Baring hasta el endeudamiento presente, una masa sideral de dinero ha sido transferida desde las capas modestas hasta el bolsillo de los granes empresarios.
Sin embargo, basta que un funcionario de la gestión nacional popular cargue un bolso de origen indeterminado, que un sindicalista compre una casa a estrenar o que un dirigente social adquiera un vehículo 0 kilómetro, para que todas las suspicacias se desaten. Basta que un abogado gane un juicio millonario a una compañía en beneficio de un asalariado, para que se lo involucre en turbios manejos.
Y en esto coopera el runrún de los propios. Toda una masa de adherentes desindicalizados a los movimientos populares, comparte esas sospechas con la cúspide del poder concentrado y contribuye involuntariamente a dañar el dique de contención del ajuste que implica la estructura de autodefensa construida por generaciones, también llamada columna vertebral.
En la difusión de la cuestión se utiliza una trampa bien preparada para almas bellas: colocar el debate sobre la honestidad particular por encima de los derechos sociales. Entonces, un dirigente sospechado pasa a ser bandera para descartar organizaciones que benefician a miles de trabajadores.
Enviamos desde La Señal Medios una sencilla felicitación por el deber cumplido a los jueces Luis Rafaghelli y Néstor Rodriguez Brunengo quienes, contra toda propaganda y poniendo en riesgo su vida profesional han resuelto que las normativas jurídicas vigentes en la Argentina tengan un efecto práctico. Este resulta el medio adecuado para plantear esta información.
Como cierre, hace minutos nos llega la reflexión del Dr. Jareguiber: “Ahora pregunto, ¿Ritondo va a mandar la Gendarmería para hacer cumplir la orden judicial de que ingresen a su trabajo los laburantes?”. Interesante ¿no?
• Director La Señal Medios / Sindical Federal / Radio Gráfica.
